Las cifras de las Defensoría del Pueblo y de las organizaciones indígenas demuestran el punto al que han llegado este año el choque entre indígenas y militares: 13 uniformados han sido retenidos por varias horas, incluso días, luego de hechos que se han caracterizado por ser confusos en medio de alteraciones de orden público.
Aunque el punto de máxima tensión por enfrentamientos entre los indígenas y militares se vivió en julio del año pasado, cuando en el cerro Berlín de Toribio (Cauca) un grupo de nativos buscó desalojar a un comando del Ejército -liderado por el sargento Rodrigo García que entre lágrimas fue sacado de la montaña-, este año sigue el problema por el control que hacen grupos indígenas sobre las zonas de resguardo.
Hace un mes, en pleno paro cafetero, la Defensoría logró que la guardia entregara a un oficial y seis soldados que fueron retenidos por la Guardia Indígena dentro del bloqueo que realizaron los cafeteros en el sector El Pital, cerca al municipio de Mondomo (Cauca).
Los militares llegaron vestidos de civil y con bolsas en las cuales llevaban sus prendas militares, brújulas y radioteléfono. No fue distinta la suerte de tres uniformados de la Fuerza Aérea que se enfrentaron a indígenas el 13 de marzo en la zona de Hato Corozal (Casanare), donde la población se opuso a la destrucción de una pista que, según la FAC, estaba al servicio del narcotráfico.
“Hemos ganado este derecho en varias zonas del país donde ejercemos autonomía en nuestros resguardos”, aseguró un líder indígena. En medios de los choques, organizaciones como la Onic y el Consejo Indígena Regional del Cauca (Cric) han pedido que las bases y puestos militares salgan de los sitios y regiones históricas de estas comunidades.
La respuesta del Ministerio de Defensa ha sido que “la Fuerza Pública tienen el deber constitucional de hacer presencia el todo el país”. Ahora, luego de la muerte del líder Álvaro Chocue en la vereda la Esmeralda en el municipio de Caldono el domingo pasado, el Cric pidió la presencia del presidente Juan Manuel Santos y del ministro Juan Carlos Pinzón para seguir el juicio que les hicieron a un suboficial y dos soldados.
“La Guardia indígena premeditadamente acusó a las tropas de la muerte del señor Álvaro Chocue por lo que procedieron a retener al Cabo Primero Jesús Rodríguez Ospina, Soldado Profesional Édinson Aragón Rojas y al Soldado Profesional Wilmer Añazco Calambas”, dijo el Ejército en un comunicado.
Sin embargo, las armas también fueron retenidas y entregadas al CTI. El año pasado estos choques provocaron una crisis en el Gobierno y ahora, según este diagnóstico, la situación no parece mejorar.
REDACCIÓN JUSTICIA