Una puñalada en el corazón. Esa fue la causa de la muerte de Cristian Alexánder Zambrano Arévalo (20 años). Validaba el bachillerato y el domingo 24 de marzo fue su último día de vida. Su familia recibió la noticia casi 24 horas después. El lunes, el CTI de la Fiscalía llamó a la casa en donde vivía con su mamá. La noticia no pudo ser peor: el hijo menor de la familia Zambrano Arévalo había sido asesinado. Un menor de edad (15 años) lo apuñaleó en un intento de robo.

La historia la cuenta Antony (35 años), su hermano mayor y quien como el resto de la familia espera que «aunque el victimario es menor de edad sí se haga justicia (…) No más. Que este caso sea un ejemplo (…) No importa cuántos años tienen sino el daño que ha hecho”, dice Germán, el papá de la víctima.

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Cristian iba a terminar bachillerato este año. El día de su muerte el plan era estudiar. Se reuniría en la casa de un compañero, pasaría allá la noche y adelantaría trabajos académicos. Pero metros antes de llegar al encuentro, un adolescente se le atravesó en el camino y en un intento de robo, lo mató.

“Era una lata, no era ni un Blackberry, ni uno de esos teléfonos finos. Era un Nokia táctil, pero barato, no era lujoso”, insiste Antony. Lo único que saben del agresor es que tiene 15 años, su nombre y que permanecerá “unos meses” en un centro de reclusión de menores. Eso les dijeron las autoridades. Ellos lo creen, pero quieren saber qué pasará después. “¿Serán unos meses en un centro de esos y ya?” Se pregunta su hermano.

Según un informe revelado en diciembre pasado por la Policía y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) hubo un incremento del 15.1 por ciento de menores de edad que ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el último año. Comparado con el año anterior (2011), se registraron 3.154 casos más.

Los delitos que más comenten los menores infractores son, según el ICBF, el hurto y el porte y tráfico de estupefacientes. Delitos como homicidio, secuestro, extorsión o violencia sexual corresponden al 4,7 por ciento. Y en este último porcentaje está el caso de Cristian. Pero también el de Juan Guillermo Gómez, a quien en junio del 2012 también un menor mató por robarle un celular. Y el del exministro Fernando Londoño, cuyo atentado se produjo luego de que un menor puso una bomba en su carro, además de otros tantos que han sido víctimas de delincuentes sin cédula.

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La congresista Ángela Robledo (Partido Verde) le ha puesto lupa al tema de los jóvenes infractores. Ella dice que, contrario a lo que se cree, la ley para menores “no es laxa. Simplemente no se cumple”. Desde la expedición de la Ley de Infancia y Adolescencia (2006) aplicar la ley a los jóvenes no ha sido fácil. Varios años después, el sistema es desconocido para muchos. Robledo consignó sus consideraciones sobre el tema en un documento, en el que asegura que hay ignorancia sobre cómo juzgar a un adolescente, que “además de tener un aspecto sancionatorio debe tener otro de resocialización”.

Robledo es enfática, sin embargo, cuando afirma que en los delitos mayores cometidos por adolescentes no hay impunidad. “En lugares como El Redentor, por ejemplo, es fácil detectar que la mayoría de quienes están allá son por casos de este tipo”, advierte.

Según el SRPA son considerados delitos gravísimos el homicidio doloso, el secuestro o la extorsión. Por estos, los menores podrían ser privados de la libertad hasta ocho años. En el caso de otros delitos, llamados graves, como el hurto o el microtráfico, podría ser hasta de cinco años.

La congresista señala también que muchas veces los jóvenes victimarios son expuestos a medidas que ponen en peligro sus vidas. Según ella muchas veces no se da el debido proceso. “Se dejan en un estado en el que son vulnerables. Debemos recordar que estos jóvenes necesitan una segunda oportunidad. Más política social y menos política penal para ellos”, concluye.

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La familia de Cristian solo quiere que haya justicia. No les importa ver a la cara al joven que mató al menor de su casa. Tampoco quieren saber cuáles fueron las razones que lo llevaron a eso. Lo único que esperan, y en eso insisten, es en que la pena sea ejemplarizante. “Esto no puede seguir pasando”, insiste Germán, el papá del joven.

Para Carlos Enrique Tejeiro, criminólogo juvenil, experto en niñez y adolescencia de la Universidad de Los Andes, el tema de los menores infractores se debe enfocar más que en endurecer penas, en imponer las medidas adecuadas. Es decir, “que tengan un contenido más pedagógico que de castigo”, dice.

Lo más complejo, destaca el experto, es lograr que las familias de las víctimas entiendan que los agresores además de victimarios, también son víctimas. “Un adolescente que colisiona con la ley puede hacerlo por muchas razones, pero fundamentalmente por su condición de menor, porque no ha configurado claramente su personalidad”, asegura Tejeiro, quien señala que la ley colombiana se ajusta a la normativa internacional en el tratamiento de jóvenes infractores, pero que de acuerdo con la realidad actual del país “habría que revisar y hacer algunos cambios. Pero sin caer en la trampa de creer que necesitamos aumentar penas. Y es ese el lugar común en el que cae la discusión de infancia y adolescencia en materia penal”.

Camilo Domínguez, director de protección del ICBF asegura que el 30 por ciento de los casos que involucra a menores como infractores termina con una sanción efectiva. “En otros, el juez deciden su libertad”, dice. Y señala que en los primeros dos meses de este año 2427 menores entraron al sistema de responsabilidad penal.

Destaca como el gran ‘pero’ del sistema de menores que “no exista una cabeza en esta ley de infancia. En ella participamos el ICBF, ministerios, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y en el caso de las regiones, las alcaldías y gobernaciones, entre otras instancias”, esto, según Domínguez hace que los procesos sean difíciles de llevar.

Según el vocero del ICBF preocupa que redes de delincuentes estén usando a jóvenes – “Gracias a la ley de Seguridad Ciudadana tenemos un instrumento para poder enfrentar eso. La idea es que se desarticulen esos grupos que usan como instrumentos a menores”, asegura.

En Colombia existen 22 centros de retención especializados para adolescentes. Y el ICBF reconoce el sobrecupo de algunos y también el alto costo que tienen. “Un nuevo cupo representa 70 millones de pesos. Eso ha hecho que nos toqué mover a jóvenes de una ciudad a otra por falta de espacio”, concluye.

Y mientras en el país se sigue debatiendo sobre lo apropiado o no de la ley de adolescentes, que ya lleva más de seis años de discusión, la familia de Cristian recuerda su despedida en el cementerio Jardines del Apogeo. «Mi mamá, que fue la persona que recibió la noticia, aún no lo acepta», cuenta Antony, el hermano mayor que tuvo que sacar fuerzas para alentar a sus papás a seguir adelante.

SALLY PALOMINO
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM