El poder detrás del poder
La Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente, Periodistas, que se había fundado en Buenos Aires en diciembre de 1995 por una gestión de Andrew Graham Yoll, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Horacio Verbitsky, llegó a su fin el 11/11/04. A ciertas discrepancias internas se le agregó la censura de Página/12 al columnista Julio Nudler. Su artículo De títeres y titiriteros sería publicado finalmente en el diario Castellanos, de Rafaela, el 29/10/04.
La Asociación era una forma eficaz para defenderse del avasallamiento de la libertad de expresión. Pero la discordancia final surgió por una interpretación: algunos tomaban la defensa exclusivamente contra la presión de los gobiernos, otros contra todo tipo de injerencia, sea proveniente de los gobiernos o dentro mismo de los medios de comunicación.
Reconquistar credibilidad
Jorge Lanata criticó a la Asociación por no defender a Nudler, y la definió como «un politburó elefantiásico y acomodaticio» (revista Noticias, 13/11/04, p. 28). La brecha estaba abierta. Otro tema era el manejo que hacía el Gobierno de la publicidad oficial. Aquí la figura del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, es central: acostumbra a recriminar a los periodistas por las notas críticas. La metodología también se repite en provincias. Y responde a un mismo temor: que los medios informen sobre lo que el Gobierno desea ocultar. Difícilmente se pueda llegar a un acuerdo, porque una de las funciones del periodismo es justamente desentrañar eso que los Gobiernos tapan.
Esta costumbre tiene su correlato con el tipo de país que tenemos. Dicho de otra forma: Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Holanda y Noruega, según el tercer informe mundial de Reporteros sin Fronteras, ocupan los primeros puestos del índice de libertad de prensa, y son, “casualmente”, los países más prósperos y civilizados del planeta (cfr. La Nación, editorial, 15/11/04). En el extremo opuesto se encuentran aquellos países cuyos gobiernos pretenden manipular la información para “adornarla” ó, lisa y llanamente, mentirle a los ciudadanos.
El sainete y consiguiente nuevo papelón que produjo la Argentina con los chinos es una muestra de esta conducta, con el agravante de que la orquestación surgió en el mismo Gobierno, para luego salir a echarle la culpa al periodismo cuando los chinos desmintieron la cifra. Y cuando el Presidente pide a los medios que denuncien al que les mintió, no hace más que incurrir en la demagogia, el cinismo y la «lógica perversa».
El afán por constreñir o cercenar la información es un mal enquistado en la Argentina. Erradamente los gobiernos piensan que el control de la información los eximirá de cometer faltas o de caer en desgracia, cuando ocurre exactamente lo contrario: los yerros se evidencian más. El mundo de hoy no es el de antaño, en donde con unos pocos controles se podía mentir a grandes masas de ciudadanos: bastó la censura del editor para que Nudler, esa misma medianoche, hiciera circular un mensaje por correo electrónico advirtiendo a sus conocidos de la afrenta. Al día siguiente yo tenía el mensaje en mi casilla, no por amistad con Nudler, sino por esas ignotas cadenas que suelen funcionar con una velocidad proporcional a la importancia del mensaje. La censura había sido burlada.
Hasta Mariano Grondona, que nunca había invitado a Nudler a su programa, lo entrevistó en vivo. Y la credibilidad de Página/12, como la de la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente, quedaba herida de muerte. La mayoría de los integrantes de la Asociación renunció para afirmar «un homenaje» a su propia historia en el periodismo. Página/12, en cambio, le dedicó una tapa a Nudler. Se corrobora lo que sostuvo Jean Marie Colombani, director de Le Monde, sobre ciertas actitudes que dejaron de lado la libertad de información y la objetividad: «a la prensa le llevará tiempo reconquistar credibilidad» (Clarín, 25/07/04, p. 37).
La mona se viste de seda
El caso Nudler es un eslabón más de una larga cadena que hunde sus raíces en la idiosincrasia política argentina. La censura se da del Gobierno hacia los medios y dentro de los medios. No es un problema inventado por Kirchner ó, antes, por Duhalde, De la Rúa, Menem o Alfonsín (si bien éste tuvo el tino de no interferir con la prensa). Los gobiernos no comprenden que a la larga es más redituable una ciudadanía libre, con capacidad de opinión y conocimiento, que una que sólo sigue a pié juntillas al político de moda. Las sociedades libres crecen, y las desinformadas se hunden mientras un grupo minoritario se enriquece a su costa. No hay milagros. El reino de este mundo es, dentro de todo, previsible: no se puede gastar lo que no se tiene, no se puede pedir prestado lo que no se podrá devolver (y menos si el préstamo se in-utiliza en sueldos y fiestas en lugar de invertirlo en industria, equipamiento y capacitación), no se puede aparentar una cosa cuando es otra. Es acertado el proverbio popular: por más que la mona se vista de seda, mona queda.
Winston S. Churchill pudo ser un demagogo cuando aseguró en la Cámara de los Comunes que sólo podía ofrecer «sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas». Pero cumplió. Ningún político argentino ha prometido algo similar, y mucho menos cumplido con lo que sí prometió para recabar votos. Esta diferencia es la que determina, entre otras cosas, la seriedad de un país. Lo mismo cabe para un diario o un gobierno: una vez que se ejerció la censura es difícil que se le vuelva a creer. De allí en más toda nueva información queda teñida por la sospecha. ¿Hasta dónde se critica y hasta dónde los mismos periodistas, temerosos, no se autocensuran para evitar problemas?
La realidad nacional y provincial enseña que los gobiernos carecen de ética y, paralelamente, sufren cierta psicosis: siempre sospechan que los están engañando, cuando son ellos mismos quienes desean engañar a la población.
Tres ejemplos cercanos
A Don Corleone le gustaba hacer «una propuesta que no podrá rechazar». Para acallar voces adversas, Ricardo Peirone, entonces intendente de Rafaela y ahora diputado provincial, inició un juicio por “calumnias e injurias” contra el diario Castellanos, consiguiendo el embargo de la rotativa. Se trata de una medida cautelar que fue denunciada por Adepa, SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) y diarios extranjeros. En Santa Fe ocurrió algo similar con los directivos de la revista Tercer Mundo, a quienes se los encarceló para evitar las denuncias que estaban realizando contra el «cártel del transporte» y su vinculación con el poder político de la provincia.
También se premia la obsecuencia de algunos medios, en detrimento de otros, con el manejo arbitrario de la publicidad oficial. Castellanos recibe diez veces menos publicidad oficial que el diario La Opinión. Proporcionalmente, recibe incluso menos que algunas FM de Rafaela. El periódico El Santotomesino, de Santo Tomé, no recibe publicidad oficial desde hace un año, cuando asumió el intendente Ángel Piaggio (pero el municipio invierte en otros medios). Hasta es difícil conseguir partes de prensa (en el espacio destinado a cultura se publica la cartelera de Santa Fe, porque la Dirección de Política Cultural de Santo Tomé no entrega información ni responde a la requisitoria periodística. Se podría sospechar que si no se informa es porque no se realiza nada para informar).
Como el tema está en la calle, conviene que las partes involucradas lo aclaren: ¿hay un acuerdo entre el municipio y la empresa STV Televisión para que no se instale otro cable en la ciudad? ¿Estatizó la municipalidad de Santo Tomé una deuda de la empresa STV Televisión a cambio de que se deje de criticar la gestión de Piaggio? Hace unos meses se redujo el espacio del noticiero, y se cambió el tratamiento de ciertos temas; a comienzos de año el cable era crítico con el municipio. Se menciona una cifra de tres dígitos. De ser cierto, a ese monto lo pagamos los santotomesinos a cambio de que Piaggio y su equipo actúen sin control externo. En lenguaje coloquial esto es corrupción lisa y llana. Casualmente, corrupción es lo que Castellanos, Tercer Mundo y El Santotomesino denuncian.
Pretendiendo ignorar lo establecido en la Constitución el abogado Rolando Vergara, secretario de gobierno, intimó a El Santotomesino para que declarara sus fuentes de información. La maniobra se inserta en la misma «lógica perversa» de Peirone con Castellanos y Alejandro Rossi con Tercer Mundo. En lugar de utilizar la denuncia periodística como prueba y actuar en consecuencia, ya que le compete al municipio velar porque sus propios vehículos respeten las normas, presiona a la prensa. Mala forma de cumplir un año en el gobierno. Y mala forma de seducir al electorado. La política, como los cargos de importancia, está para otras cosas.
Hay tratados internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe las presiones «por vías indirectas». También la Declaración de Chapultepec, referida a la libertad de prensa. Mientras, Santiago Pinetta, el periodista que hace diez años dio a conocer el escándalo de IBM y el Banco Nación, y que le permitió recuperar siete millones de dólares al país, fue golpeado y hoy, con 71 años, no tiene jubilación ni trabajo estable. En Argentina el precio de la dignidad y la ética es la amenaza y la marginación, esa nueva forma de la violencia que el Estado ejerce con esmero de sibarita. Las eventuales buenas intenciones que pregona Kirchner se diluyen en la demagogia y la barbarie del contexto verbal y social de un país en donde «la miseria, que es una carencia, se ha convertido en un exceso», como sostiene Tomás Eloy Martínez en su artículo Paisajes de ruinas (La Nación, 27/11/04, p. 31).
Estos ejemplos evidencian el ultraje que sufre el periodismo por parte del poder político. Es deber de los medios hacerlo público, pero es deber de la sociedad tomar partido. La libertad de expresión es la garantía contra la impunidad, la miseria y el fraude. Y su defensa diaria nos compete a todos.
© Carlos O. Antognazzi.
Escritor.
Publicado en el diario “Castellanos” (Rafaela, Santa Fe, República Argentina) el 03/12/2004, y en el periódico “El Santotomesino” (Santo Tomé, Santa Fe, Argentina) Nº 79, diciembre 2004. Copyright: Carlos O. Antognazzi, 2004.