El Presidente de la Generalidad aparece indignado por la sentencia del Alto el Tribunal que se ha atrevido a enmendar una norma aprobada contra la legalidad constitucional. Es gravsima la decisin del hombrecete este de Iznajar (Crdoba) de convocar una manifestacin contra la sentencia del TC, aceptando las proclamas independentistas de otros y desechando la bandera nacional. Es inaceptable que Montilla asuma el derecho a decidir el principio de autodeterminacin rechazado por la sentencia y negado por la Constitucin Espaola. Y ms grave an, que ZP y su Gobierno permitan este atropello y que intenten validar mediante decreto los artculos rechazados.

La Generalidad y los grupsculos nacionalistas que la acompaan exhiben su conocida irresponsabilidad en sus discrepancias con la sentencia y en su actuacin que desbordan el cauce del Estatuto y de la Constitucin. Viendo el comportamiento de esa clase poltica se comprende por qu Catalua nunca ha llegado a ser una Nacin. El texto definitivo de la sentencia resalta el recorte del contenido del Estatuto en aquellos aspectos que concedan a Catalua potestades de autogobierno en ese federalismo asimtrico que inspir su redaccin; carece de todo valor jurdico y de la ms mnima coherencia constitucional alegar que el Tribunal presidido por la Seora E. Casas deba haber renunciado a pronunciarse sobre una norma refrendada. Las Instituciones de la Generalidad tienen la obligacin de garantizar y asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente; la ilegalidad no se puede admitir porque la vote un milln ni la apruebe un parlamento ni dos; ni porque ZP prometiera a los catalanes que les concedera lo que aprobasen y pidiesen. Es una impostura no acatar le sentencia pronunciada por el Supremo Interprete de la Constitucin y no valen atajos ni artimaas jurdicas para eludir los principios esenciales confirmados por el TC; resulta inadmisible alentar un conflicto de legitimidades en torno a una ley orgnica.

El Gobierno de ZP puso en marcha un proceso de reforma constitucional encubierta que muestra sus secuelas en estas actitudes radicales y en el deterioro de las instituciones. Hay que cumplir las leyes y las normas y no tiene justificacin la protesta, que reclama el incumplimiento de la sentencia y deslegitima al Alto Tribunal. El milln de manifestantes forman parte de ese tejido social que vive de las subvenciones pblicas y paga en especie la deuda contrada con los partidos que controlan las instituciones; son sectores polticos muy concretos que suscitan la rebelin, a sabiendas de que all hay otros cinco millones de habitantes que silenciosos no salieron a la Diagonal; la movilizacin de ayer se interpreta como el hecho social capaz de anular la sentencia y la propia autoridad del TC; es slo expresin abierta de la disconformidad. Los catalanes movidos y manipulados por esos politiquillos nacionalistas y soberanistas pueden protestar y agitarse, pero los puntos sagrados y fundamentales: la unidad nacional, la prioridad jurdica y el orden legislativo, quedan y deben quedar a salvo.

Personajillos del neosocialismo carentes de argumentos ante la ilegalidad del Estatuto, confusos y confundidos creen que discrepar con ellos es atacar el Estado de Derecho y estar en continua actitud de confrontacin. El PSOE, oportunista, ante su fracaso, propala la derrota del PP y slo sabe echar le la culpa de todos los males. Maniatado por sus errores y por su minora parlamentaria el socialismo es zarandeado prisionero de su inepcia; el PP, que, desde el principio ha denunciado la inconstitucionalidad del Estatuto, ha logrado que se enderecen y reformen cuarenta y tantos artculos y de no ser por ello, posiblemente, hoy no existira la Unidad de Espaa.

C. Mudarra