El procurador Alejandro Ordóñez le recomendó oficialmente a la Corte Constitucional que se inhiba de pronunciarse sobre la polémica Reforma de la Justicia, la cual fue aprobada por el Congreso el año pasado y que después fue reversada en esa misma corporación después de que el presidente Santos la objetó, considerado como un hecho inédito en la historia del país.

Así lo hizo saber en un concepto que envió a la Corte Constitucional sobre las demandas de inconstitucionalidad que interpusieron Pablo Antonio Bustos y Alfredo Castaño Martínez contra los actos legislativos que fueron aprobados por el Congreso, pero que nunca quedaron en firme porque no fue publicada en la gaceta.

En el concepto del procurador Ordóñez, enviado al magistrado ponente en este caso, Jorge Iván Palacio, la Corte Constitucional se debe inhibir para pronunciarse porque el acto legislativo de la Reforma de la Justicia (que reformaba la Constitución) nunca quedó en firme ni en el ordenamiento legal del país.

“Es claro que la Corte Constitucional no puede pronunciarse sobre el Proyecto de Acto Legislativo (…) Toda vez que el mismo jamás fue promulgado”, señala el Procurador.

En el documento, Ordóñez afirma que las razones del porqué el acto legislativo no fue promulgado ni publicado son “novedosas y sui géneris” y reiteró que la iniciativa “es jurídicamente inexistente”.

La Corte Constitucional admitió las demandas, al menos una de ellas presentadas antes de la proclamación de la norma, al considerar, entre otros factores, que el mecanismo utilizado para reversar la decisión “constituye la incorporación de un requisito e instancia inexistente”, tal como lo resalta la demanda.

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM