Nuevamente se aplazó la preparación de juicio oral contra el machi Celestino Córdova Tránsito, perseguido por ser autoridad del Lof Yeupeko Katrileo, donde las familias por años llevan adelante un digno proceso de recuperación territorial.

Esta no es la primera vez que el juicio se aplaza, principalmente debido a la solicitud del machi de contar con una defensa representativa. Ante esto, Cristián Paredes, Fiscal Regional de la Novena Región, indicó en declaraciones a CNN que la petición de la defensa era “grosera” y que se opusieron a esta suspensión.

En este sentido, el fiscal indicó que “se ha suspendido por cuarta vez ya que asumió un nuevo abogado la defensa y representación de los intereses del imputado y éste argumentó que no tuvo tiempo suficiente para preparar y analizar los antecedentes y así desarrollar la audiencia de hoy. Como Fiscalía nos opusimos ya que advertimos que se trata de una maniobra dilatoria”.

Por otro lado el abogado defensor, Pablo Ortega, afirmó que venían recién asumiendo la causa y que habían solicitado cuatro meses para revisar los antecedentes, lo que fue negado.

En esa línea, el representante del machi Celestino Córdova señaló que “pedimos el plazo para acceder a los antecedentes de la investigación con los cuales no contamos, acceso a la evidencia y otros, nos dieron 18 días, es un tiempo excesivamente corto, no satisface los estándares de permitir una adecuada defensa, creemos que puede ser un atentado grave al debido proceso. Nadie puede preparar una adecuada defensa respecto de dos causas por legislación anti terrorista en que se piden penas altísimas, tal vez las más altas que contempla nuestro ordenamiento jurídico penal y en ese sentido creemos que esto es un flaco favor que se le hace tanto a la defensa, como a los querellantes”.

El abogado indicó que si se realizara la audiencia en la fecha acordada, el 21 y 22 de este mes, estarían en una situación de vulneración de derechos. El problema –añadió- es que el sistema establece muy pocas atribuciones a las defensas para recurrir respecto de las resoluciones de los tribunales de garantía, quedamos en completa indefención.

Por su parte, Kali Tranamil, vocera del machi, en conversación con Radio Universidad de Chile indicó que hay otro tipo de presiones en este caso, además de una estrategia planificada por el Estado.

En esa perspectiva, la vocera del comunero mapuche imputado afirmó que “es evidente que hay presiones, porque hay muchos intereses económicos y nosotros como mapuches siempre hemos estado conscientes de que nuestra lucha trastoca los intereses económicos de los grupos poderosos de la región, por lo tanto, aquí se ha evidenciado esa situación. Sin embargo, nosotros estamos en disposición de seguir respaldando al Machi, conscientes de que es inocente, que esto corresponde a un juicio político y que es parte de la arremetida que ha iniciado el Estado”.

Recordemos que la fiscalía busca presentar 69 testigos y 31 peritos para conseguir la condena de presidio perpetuo calificado, más 32 años de cárcel al machi, único imputado del incendio registrado en la granja Lumahue de la familia Luchsinger, cuando los comuneros de la zona hablan de una verdadera persecución a los líderes tradicionales y autoridades ancestrales de su pueblo.

Fuente: Radio Universidad de Chile