Propagación de epidemias, tráfico de elementos radiactivos, espionaje, clonación ilegal y discriminación en razón de raza, religión o sexo son delitos que figuran en el Código Penal, pero que rara vez llegan ante un juez.

Los expertos los llaman delitos extraordinarios. Por su escasa ocurrencia o dificultad para ser demostrados, incluso hay quienes plantean que deberían desaparecer. Entre ellos está la traición a la patria, que se castiga con penas de entre 6 y 22 años, y que nunca ha arrojado una condena. La Corte Suprema desechó dos denuncias famosas: una contra la exsenadora Piedad Córdoba, por unas polémicas declaraciones en México, en las que pidió aislar a Colombia; y otra contra el congresista Jorge Santos, que en 1996 quemó una bandera de Estados Unidos en la plenaria del Senado.

Santos fue denunciado porque supuestamente había expuesto al país a represalias de Washington, cargo que fue desechado por los magistrados.

La traición a la Patria sigue siendo una conducta relegada a textos de historia (Bolívar ordenó, hace casi 200 años, fusilar a varios de sus hombres por pasar información a los españoles antes de la batalla de Puerto Cabello), películas y novelas. En sus 21 años de existencia, la Fiscalía ha investigado 14 casos, de los que solo uno sigue activo.

El hecho de que casi no ocurran, advierten altos funcionarios del Ministerio de Justicia, no implica que no deban estar en el Código Penal, como estrategia de prevención.

Las condenas contra las mujeres que deciden abortar por fuera de las tres situaciones despenalizadas por la Corte Constitucional son también exóticas. De allí que los expertos planteen la contradicción entre la norma y la realidad de que cada año unas 400.000 mujeres interrumpen sus embarazos en sitios ilegales, expuestas a múltiples riesgos para su salud.

La propagación de epidemia es otro delito escaso en procesos judiciales. Tiene penas de entre 4 y 10 años. Uno de los pocos casos que terminaron en condena fue el de un médico que dirigía un banco de sangre y que le compró, sin hacer los exámenes del caso, a un donante infectado de VIH. Esa sangre contaminada llegó a varios centros hospitalarios e infectó a una niña que murió. El médico fue condenado por homicidio culposo y propagación de epidemia. La Fiscalía investiga hoy otros cinco casos.

Hay otra categoría de delitos que, por la forma en fueron redactados por el Congreso, son prácticamente imposibles de comprobar, a pesar de su gravísimo impacto. En esa categoría, de acuerdo con un informe liderado por el Ministerio de Justicia, están la corrupción privada y la usura.

Algo similar pasa con los delitos que surgieron con la recién aprobada Ley Antidiscriminación. Hasta ahora hay denunciados ocho casos, que están en indagación. En este campo, dicen los expertos, son más efectivas sanciones como multas e indemnizaciones que la cárcel.

En total, el Ministerio de Justicia tiene identificados 47 delitos que no cumplen con elementos empíricos que justifiquen su contenido. De ellos –entre otros temas– se ocupará el proyecto de reforma del Código Penal, en el que trabajan la Fiscalía y la Corte Suprema, con el apoyo del Gobierno, y que será presentado el año próximo.

Por un tesoro

Un caso de traición a la patria que investigó la Fiscalía implicó en 1993 a un alcalde de Providencia. Éste se habría asociado con extranjeros para buscar 6 galeones que naufragaron hace 400 años. Según los denunciantes, la ley establece que estos tesoros son propiedad del Estado. La justicia cerró el caso.

REDACCIÓN JUSTICIA
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