En 1972 una decisión presidencial adjudicó de forma jurídicamente cuestionable, 614 mil hectáreas de selva chiapaneca a 66 familias lacandonas, sin tener en cuenta a cientos de familias de otros Pueblos Indígenas que también habitaban ese territorio y que desde entonces permanecen en amenaza de ser desalojadas de sus tierras. Desde entonces la conflictividad atraviesa por distintas etapas.
