Tuvieron que pasar más de 23 años de que los paramilitares perpetraran una de las peores masacres de campesinos en el país, para que se realizara la entrega de restos.

El ente investigador y representantes de la Comisión Colombiana de Juristas notificaron a siete familias que los restos de sus seres queridos fueron plenamente identificados y que serán entregados el próximo sábado en una ceremonia que se cumplirá en Pueblo Bello.

Ese fue el lugar a donde el 14 de enero de 1990 los ‘Tangueros’ de Castaño llevaron a los campesinos amordazados luego de sacarlos a la fuerza de Pueblo Bello.

De acuerdo con la investigación, 25 días después de la matanza, los cuerpos de las víctimas fueron sacados de las fosas con retroexcavadoras y llevados al hospital de Montería, pero en ese momento fue imposible reconocerlos.

Eliécer Manuel Meza Acosta, padre de Juan Bautista Meza, una de las víctimas, relató que el día de la masacre su hijo lucía una camisa verde y era reconocible porque tenía dos dientes de platino. Sin embargo, fue imposible identificar los restos completos, pues muchos cuerpos no tenían cabeza. «Trajeron los cuerpos en unas bolsas negras que estaban tiradas en el piso de la parte de atrás del hospital”, recordó.

La masacre de Pueblo Bello es uno de los hechos de violencia de los ‘paras’ que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2006 condenó al Estado y señaló que “por su magnitud y por el temor que sembró en la población civil, determinó la consolidación del control paramilitar en esa zona del país”.

En el fallo, la Corte dijo que el propio creador de las autodefensas, Fidel Castaño, se encargó de interrogar a las víctimas y de ordenar torturarlos y asesinarlos en venganza por el robo de unas de sus reses.

Pese a que los restos fueron recuperados, solo hasta el año pasado la justicia ordenó practicarles las pruebas de ADN para identificarlos plenamente. Los cuerpos permanecían en un cementerio de Montería.

En la ceremonia del próximo sábado, Colombia cumplirá parte de lo ordenado por la Corte Interamericana, que había ordenado al Estado “adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e identificar a las víctimas desaparecidas, así como entregar los restos mortales a sus familiares”.

Voceros de la Comisión Colombiana de Juristas señalaron que el Estado debe garantizar que los cuerpos de las demás víctimas, de las que se perdió el rastro, sean recuperados y entregados a sus familiares.

REDACCIÓN JUSTICIA
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