Inmediatamente después de haberse firmado el Acuerdo, los representantes del jefe de Estado espurio Micheletti —Arturo Corrales, Vilma Morales y Armando Aguilar Cruz— comenzaron a dar interpretaciones distorsionadas del punto esencial, o sea el retorno a los poderes constituidos antes del 28 de junio/09, dislocándolo del contexto integral, poniendo en juego su mala fe exhibida a lo largo de las pláticas en San José y en Tegucigalpa.

       Nuevamente adquiere actualidad lo que el último ideólogo del Partido Liberal, doctor José Angel Zúñiga Huete, indicaba con amargura de la práctica política hondureña: “No sé —decía— qué maldición pesa sobre Honduras. Pero lo cierto es que en nuestro país hasta el más noble y lúcido proyecto, la más clara y generosa idea se empuercan rápidamente, por obra de sus malos hijos”.

        En este caso de la crisis política, que definitivamente es un parte-aguas histórico en materia política y social, el comportamiento del sector golpista más recalcitrante —cuya finalidad es jugarse el todo por el todo para destruir el puente hacia la constitucionalidad e institucionalidad— no debe sorprender a nadie, dada su naturaleza fundamentalista y su liga con el conservadurismo ultramontano continental.

        Es una mezcla de fanatismo político y religioso que ha rematado en alienación, en perturbación mental, y, por lo tanto, que no razona. Unido esto a la amoralidad y falta de escrúpulos de sus dirigentes, representantes y portavoces, lo que resulta es un ejemplo de mafia política en actuación estelar.

         Cuando se entablan pláticas —o negociaciones— para un determinado fin, se asume que la base del diálogo es la buena fe. Buena fe que implica la creencia en el objetivo y la lealtad en el cumplimiento de lo acordado. El objetivo del Acuerdo Tegucigalpa/San José es —dentro de esos términos— la restitución del orden constitucional, la reconciliación y la unidad nacional, y el avance en el desarrollo democrático.

         La cuestión electoral, si bien es cierto que está comprendida en el negociado, no es el asunto principal. Es, por el contrario, beneficiaria si el acuerdo funciona y perdedora si el compromiso no se cumple. Las elecciones no son un fin en sí mismas, sino la vía para agilizar el proceso de solución de la crisis política, toda vez que se realicen en un régimen de derecho y en condiciones de reconciliación de la ciudadanía.

          Sin embargo, el sector golpista no quiere —o no puede— ver con claridad la crisis política. Juega a ser más listo, más hábil y superior a los demás, incluyendo a la comunidad internacional, vale decir a la OEA, la ONU, la Unión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y, en fin, a todos y cada uno de los Estados de América Latina. Los golpistas, como suele decirse, se están pasando de vivos, usando vulgares trucos y malabarismos para torcer el Acuerdo y las leyes.

          Para quienes han participado directamente, o como auspiciantes, o como observadores del diálogo Guaymuras, a estas alturas deberían estar asombrados por el comportamiento golpista, que ahora se traslada al ámbito legislativo para retrasar el cumplimiento del punto central —la restitución constitucional del Poder Ejecutivo— sin lo cual el resto del Acuerdo de Tegucigalpa/San José es letra muerta, agua de borrajas.

          No en vano el senador John Kerry (D), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, en forma clarividente ha declarado: “El acuerdo prevé un cronograma para las elecciones del 29 de noviembre, pero el triunfo depende de un riguroso monitoreo internacional de la implementación del Acuerdo”. “Riguroso monitoreo internacional” es la frase clave, y corresponde a la Comisión de Verificación.