La documentación realizada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) durante el periodo 1991-2000, deja patente que los gobiernos federal y estatal, implementaron la estrategia contrainsurgente en Chiapas, inminentemente militar. Ésta se modifica de acuerdo a la coyuntura, constituyéndose en una guerra integral de desgaste, fortalecida en los programas sociales para cooptar y desalentar los procesos de reivindicaciones sociales y eliminar a los grupos, comunidades y pueblos, en su mayoría indígenas, que obstaculizan la implementación del proyecto económico neoliberal.