El procurador Alejandro Ordóñez cuenta con seis meses de plazo para iniciar un proceso para convocar a concurso de méritos los 1.045 cargos en la entidad que en este momento son ejercidos por funcionarios contratados en provisionalidad.

Ese proceso tendrá que estar terminado en los próximos dos años, ordenó en un fallo de tutela la Corte Constitucional. En ese tiempo, agrega la decisión, «la Procuraduría deberá haber culminado dichos concursos y provistos estos cargos».

El fallo de tutela también ordena el reintegro de Bernardo Tadeo Linares de Castro, un exfuncionario que laboró de manera provisional como asesor en sistemas durante nueve años y sin ninguna razón fue desvinculado de la entidad en febrero del 2011.

Linares tendrá que permanecer en el cargo hasta que sea reemplazado por un funcionario de carrera mediante el sistema de concurso de méritos, señaló el fallo. En situación similar a la suya se encuentran en este momento otros 738 funcionarios que están en provisionalidad hace más de un año.

La Corte criticó el hecho de que el contrato de provisionalidad del trabajador desvinculado fue prorrogado 15 veces de manera continua hasta febrero del 2011, cuando fue cancelado sin una razón específica relacionada con su servicio.

En el fallo recordó que la Constitución establece que «los empleos en las entidades públicas son de carrera y su vinculación se realizará mediante concurso, con el propósito de incentivar el mérito para acceder a la función pública».

Y recordó que el retiro de estos trabajadores se efectuará por «calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo o por violación al régimen disciplinario».

La Corte ya había ordenado a la Procuraduría nombrar por concurso a los procuradores judiciales II, cargo que era de libre nombramiento y remoción del procurador general. La norma que contemplaba estos nombramientos fue declarada inconstitucional por el alto tribunal.

REDACCIÓN JUSTICIA