A. SE INTENSIFICA LA POLARIZACIÓN El golpe de Estado producido en la madrugada del Domingo 28 de junio, ha ido evolucionando e incorporando nuevos elementos del contexto nacional e internacional. Los bandos confrontados afinan sus estrategias, reafirman sus posiciones, trabajan p
Tribuna cultural
A. SE INTENSIFICA LA POLARIZACIÓN
El golpe de Estado producido en la madrugada del Domingo 28 de junio, ha ido evolucionando e incorporando nuevos elementos del contexto nacional e internacional. Los bandos confrontados afinan sus estrategias, reafirman sus posiciones, trabajan por su imagen y evalúan constantemente su situación. Ambos saben que el tiempo es importante, que los plazos se vencen y que la situación debe resolverse en un tiempo muy corto.
En lo interno ambos bandos miden sus fuerzas (empresarios, iglesias y medios, moviendo a sus empleados y feligreses, y los otros sumando nuevas fuerzas sociales: maestros, mujeres, indígenas, y ONGs locales y regionales), mientras en el plano internacional el balance se inclina totalmente hacia uno de ellos, en este caso hacia el presidente constitucional de la república.
Estos días en que transcurre el plazo de la OEA, el bando del presidente constitucional reactiva juicios, gira órdenes de captura que no había ejecutado antes contra ex funcionarios y saca órdenes de captura con fechas anticipadas para sustentar las acusaciones contra el presidente.
Mientras el bando que apoya al presidente de facto intensifica las medidas de fuerza para controlar las acciones de resistencia, prorrogando el toque de queda, suspendiendo garantías individuales por 72 horas y conteniendo a los manifestantes que tratan de llegar a la capital, el bando del presidente constitucional capitaliza el rechazo ciudadano a la represión, aumenta sus apoyos internos con personas y organizaciones que le han cuestionado en su desempeño gubernamental o en su insistencia con la cuarta urna, y redefine su estrategia movilizadora, orientándola hacia las cabeceras de los departamentos del país, obligando a los manifestantes a romper los cercos militares/policiales, cruzando montes caminando, debido a los fuentes controles carreteros.
Mientras el bando del primero protege a los manifestantes que apoyan al presidente de facto con acciones de limpieza de calles y resguardo directo realizadas por militares y policías, también reprime a los manifestantes que lo cuestionan, cierran el paso en las carreteras, disparan a las llantas a los vehículos que no se detienen y bajan de los autobuses urbanos e interurbanos a las personas que circulan por áreas de alto tráfico vehicular, para evitar que se concentren en
manifestaciones de apoyo al presidente constitucional.
El bando del presidente de facto intensifica las denuncias de corrupción, injerencia chavista, violación a la constitución,
narcotráfico, anarquía, desequilibrio mental del presidente y complicidad de sus allegados, esperando mantener el rechazo al retornodel presidente constitucional con más fuerza que las exigencias de la OEA y de los países e instituciones que lo han exigido.
El bando del presidente constitucional intenta abrir una brecha en el sistema judicial que se mantiene cerrado en torno al Presidente de facto, presentando una acción legal ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando que, como medida cautelar, se ordene la repatriación inmediata del Presidente José Manuel Zelaya Rosales.
Mientras el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se mantiene firme en su adhesión al Presidente de facto (ha mantenido silencio personal e institucional ante la violación de las garantías constitucionales vinculadas al toque de queda y la represión de manifestantes), los organismos de derechos humanos civiles, CODEH y COFADEH, muestran un apoyo creciente al presidente constitucional.
La estrategia del presidente de facto hacia el exterior no termina de definirse y no sólo no avanza sino que enfrenta numerosas complicaciones. Una de ellas está relacionada con el propio presidente de facto que no termina de darle coherencia a su discurso y legitimidad a su involucramiento en el golpe de Estado, cayendo en numerosas contradicciones ante la prensa internacional.
Otra de ellas se relaciona con el Canciller de facto que mira el mundo como una aldea y conserva una visión inadecuada de las relaciones internacionales; finalmente, el fracaso del llamado a embajadores clave para que se presenten en Tegucigalpa a recibir instrucciones o destituirlos según el caso, pues hasta ahora únicamente ha recibido el respaldo incondicional del embajador de Honduras en Washington que afirma con gran certeza, sin haber estado en el país, que aquí no ha habido golpe de Estado y tampoco rompimiento del orden constitucional, apoyando con ello la posición del presidente de facto.
Menos expuesto a la opinión pública, pero en el mismo plano, se encuentra el embajador de Honduras en Bruselas, quien es hijo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
B. EL CONTEXTO NACIONAL
1. Alteración del orden constitucional
El bando del presidente de facto se ve en apuros para sostener que lo que pasó en Honduras el domingo 28 fue una simple y normal sustitución.
No puede explicar porqué presentaron una supuesta renuncia del presidente constitucional con fecha del 25 y la aceptaron hasta el 28, y mucho menos porqué una orden de captura emitida por un magistrado de la corte, la dirigió por escrito al Jefe del Estado Mayor Conjunto el 26, cuando éste es un asunto exclusivamente policial, o explicar también porqué no canalizó esa orden al Secretario de Defensa por ley.
Mucho menos puede explicar porqué el Jefe del Estado Mayor Conjunto, en decisión colegiada de la Junta de Comandantes, ejecutó la orden de arrestar a un supuesto delincuente, quien además era su superior jerárquico y, en lugar de entregarlo a los tribunales para que fuera juzgado, irrumpió en su casa, lo condujo contra su voluntad hacia la Fuerza Aérea y lo mandó a dejar a otro país.
Lo interesante del caso es que cuando los periodistas extranjeros lo abordaron sobre algunas de estas inquietudes el presidente de facto dijo que no sabía nada al respecto y los remitió a los que ordenaron y ejecutaron el hecho, en abierta alusión al magistrado que firmó y al militar que ejecutó u ordenó hacerlo, que fue el Jefe del Estado Mayor Conjunto.
Por más esfuerzos que hace el bando del presidente de facto por estructurar una explicación mínimamente aceptable, asesorado por abogados, políticos de tradición golpista y militares activos y retirados, con una gran experiencia en estas actividades, no pueden explicar porqué se impidió que un presidente electo por mayoría de votos en las elecciones de 2005 terminara su período gubernamental, si no existe en el país la figura del mandato revocatorio y tampoco esa facultad en el Congreso Nacional, y menos que se le haya seguido un juicio a la altura de su dignidad presidencial.
El bando del presidente de facto ha insistido en afirmar que no se ha producido ningún golpe de Estado y cita para ello una colección de razones, comparaciones y justificaciones que tratan de evadir lo obvio: que se violó la constitución de la república cuando lo condenaron (al exilio) sin el debido proceso, cuando se nombró a un sustituto en circunstancias y condiciones dudosas, y cuando han realizado varias actividades igualmente violatorias, relacionadas con lo siguiente: establecimiento de un toque de queda que impide la libre circulación de la ciudadanía por cinco días y con posibilidades
de prórroga; cierre de radios y canales de televisión afines al gobierno constitucional; restricciones a los periodistas para hablar del presidente constitucional (y ninguna para los que están en contra); represión de las manifestaciones a favor del presidente constitucional (y protección de las manifestaciones a favor del gobierno de facto); detención de las personas cercanas o afines al presidente constitucional (se mantienen en los cuarteles o se expulsan del país); aparecimiento del Jefe del Estado Mayor Conjunto al lado del Presidente defacto en concentraciones públicas, cuando
existe un mandato constitucional que establece que las Fuerzas Armadas son obedientes, apolíticas y no deliberantes.